Los principios no se negocian ni por poder, ni por cálculo político, ni mucho menos por dinero

María Elvira Samper - Discurso al recibir el premio Simón Bolívar a la Vida y Obra de una periodista 2010

 Antes que yo, por aquí debería haber pasado mi mamá, Lucy Nieto de Samper, con más de 50 años en el oficio y quien a punta de teclear en una máquina de escribir Olivetti nos educó a sus cinco hijos, huérfanos de padre muy temprano en la vida. A ella, heredera de una tradición que lleva el periodismo en la sangre, y a mi hijo Andrés, a quien mi necesidad de trabajar lo privó muchas veces de mi presencia, les dedico este reconocimiento.

Llegué al periodismo sin proponérmelo. Rebelde sin causa, no quería ser ni la hija de Lucy, ni la nieta de LENC, Luis Eduardo Nieto Caballero, un nombre que nada dice a las nuevas generaciones pero que hace parte de la historia del periodismo colombiano, un hombre que en la defensa de la democracia, de la libertad de pensamiento y de la libertad de prensa, sufrió la cárcel y la censura. Fue codirector de El Espectador al lado de don Luis Cano y fue también columnista y colaborador de El Tiempo durante 40 años, hasta su muerte un mes antes de la caída de la dictadura del general Rojas Pinilla. Cuando en 1955 el régimen militar ordenó cerrar El Tiempo porque su director, don Roberto García-Peña, abuelo de mi colega Rodrigo Pardo, rehusó hacer una rectificación que no consideró pertinente, el mío se negó a callar y acudió a las cartas para denunciar la corrupción y los abusos de la dictadura, exigir justicia y protestar por la censura.

Dirigidas al General, las entregaba personalmente en las puertas de Palacio y, mimeografiadas, circulaban luego de mano en mano. Sus luchas políticas, basadas en sus profundas convicciones de librepensador e inspiradas en su vocación de servicio al país, las libró siempre con la más noble y limpia de las armas: la pluma.

Hago esta introducción con sabor a nostalgia para honrar esa herencia que me enorgullece y que me dejó la lección de mi vida personal y profesional: los principios no se negocian ni por poder, ni por cálculo político, ni mucho menos por dinero. Esta ha sido mi carta de navegación en un oficio en el que maduré y estoy envejeciendo gracias a todos aquellos que alguna vez me dieron oportunidades y abrieron espacios: Jaime Soto, Felipe López, Plinio Mendoza, Fernando Gómez Agudelo, Juan Gossain…También a las decenas de periodistas con los que he trabajado en prensa, radio y televisión, y a ese puñado de colegas amigos con quienes, no hace muchos años, emprendimos quijotescas aventuras periodísticas: María Isabel Rueda, Ricardo Ávila, Pilar Calderón, Roberto Pombo, Enrique Santos, Mauricio Vargas, Édgar Téllez y, ni más ni menos, que Gabriel García Márquez, inspiración y aliento en el noticiero QAP y en los años en que hizo parte de la revista Cambio.

Han sido décadas turbulentas y los periodistas, no siempre bien preparados, no siempre con tiempo para profundizar, para estudiar nuestra propia historia y entender por qué somos como somos y nos pasa lo que nos pasa, nos hemos visto enfrentados a múltiples violencias, a complejos procesos de negociación con organizaciones armadas, al ingreso de los grupos económicos a los medios de comunicación, a enormes escándalos de corrupción pública y privada, rodeados de trampas, amenazas, presiones y talanqueras a la libertad de prensa... Difícil, entonces, no mirar atrás ahora que este premio me obliga a reflexionar sobre mi vida en los medios. Difícil no describir, aunque sea a grandes brochazos, las distintas encrucijadas que hemos enfrentado y en las que los periodistas han dejado una alta cuota de sangre.

En los albores de los años 80, consciente de que si bien el Frente Nacional había puesto fin a la violencia entre liberales y conservadores también había creado dos monstruos, las guerrillas y la represión militar, Belisario Betancur promovió el diálogo con la subversión. La actitud de total respeto por la libertad de prensa que asumió el Presidente, quien llegó a decir que prefería una prensa desbordada a una prensa censurada, significó un punto de quiebre para el periodismo que, sobre todo en radio y televisión, había estado sometido al control de la información sobre el conflicto que ejercía el gobierno del "estatuto de seguridad" de Turbay Ayala.

Sentimos que nos habían soltado la rienda y en parte por falta de preparación, en parte por ingenuidad y exceso de optimismo, caímos en la tentación de conceder demasiado protagonismo a los jefes guerrilleros que aún conservaban cierto aire de romanticismo revolucionario.

Tanta visibilidad irritó a los enemigos de los diálogos y desató una polémica sobre los límites y responsabilidades de la prensa, y los peligros que entrañaba para el equilibrio informativo el llamado "síndrome de la chiva". García Márquez terció en la controversia y en el prólogo del libro La guerra por la paz, un compendio de columnas que Enrique Santos Calderón había escrito sobre el proceso, dijo que la opinión pública, que debía ser el árbitro final del debate, "había quedado reducida a la condición de pobre señora sentada en medio de un ventisquero de informaciones contradictorias, en el cual era imposible saber, sin lugar a dudas, dónde estaba la verdad". ¿Fuimos los periodistas idiotas útiles, chivos expiatorios o víctimas del doble discurso oficial, que desde el Ejecutivo concedía estatus político a los guerrilleros y desde la cúpula militar hablaba de bandoleros? Los interrogantes quedaron abiertos y volvieron a surgir durante las conversaciones de Caracas y Tlaxcala en el gobierno de César Gaviria, y en las negociaciones del Caguán durante la administración de Andrés Pastrana. Para ese momento, al menos la prensa escrita había aprendido algunas lecciones: varios medios crearon Unidades de Paz o abrieron espacios de discusión con expertos, en un esfuerzo para comprender los hechos más allá de la coyuntura, para mirar la negociación a la luz de otras negociaciones de conflictos internos y aportar elementos de juicio a los lectores.

No hicieron lo mismo los noticieros de radio y televisión que, sometidos al rating, impusieron un periodismo sensacionalista que daba prioridad a situaciones dramáticas -tomas de pueblos, cilindros-bombas contra alcaldías y estaciones de Policía, enfrentamientos, expresiones de dolor de las víctimas-, sin duda hechos noticiosos que no podían dejar de ser cubiertos, pero que terminaron por hacer mucho ruido y desviaron la atención de avances, apenas visibles para los analistas del conflicto.

No hemos salido en general bien librados en el cubrimiento de los diálogos con la subversión, y por varias razones: por falta de más análisis y crítica, y de más independencia de las voces oficiales, y por la dificultad para superar la condena visceral de la barbarie de la guerrilla, de todas maneras lógica, que nos impidió ver más allá y entender que los caminos de la paz son terreno minado. Contribuimos a crear falsas expectativas y confusión en la opinión. Ayudamos, sin proponérnoslo, a impulsar el péndulo que, según la coyuntura, se ha movido del entusiasmo por la paz al entusiasmo por la guerra.

La época del narcotráfico y su ofensiva violenta contra el Estado durante las administraciones de Virgilio Barco y César Gaviria, nos enfrentaron a una de las más dramáticas situaciones de nuestra historia reciente. Si al comienzo del Gobierno Betancur la lucha contra las drogas no había sido prioridad, el asesinato de su ministro de Justicia Rodrigo Lara, por orden del cartel de Medellín, fue un punto de inflexión definitivo.
Los carteles comenzaban a marcar su territorio con sangre y fuego, y convencidos de que por el camino de la violencia podían acorralar al Estado y recuperar la senda de la negociación que había fracasado en el Gobierno Betancur, intensificaron la ola de atentados, amenazas, y asesinatos de magistrados, jueces, policías, funcionarios, periodistas…Fue la dictadura del miedo: la consigna era silenciarnos o corrompernos. Algunos sucumbieron a la tentación, pero en general los periodistas nos convertimos en blanco y en trinchera.

El asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano, nos llevó a convocar una marcha nacional para rechazar el crimen y defender la libertad de prensa. Multitudinaria en todas las ciudades, fue la expresión de un país conmocionado hasta los tuétanos. Hicimos también un paro informativo, 24 horas sin noticias, para crear un espacio de reflexión sobre lo que significaba el silencio de los periodistas.

No estábamos dispuestos a aceptar la mordaza que los carteles pretendían imponernos, y para autoprotegernos organizamos luego un pool de medios que aportaron sus unidades investigativas y designaron a un puñado de periodistas, del cual hice parte, para preparar informes sobre esas organizaciones criminales. Adaptados a radio, prensa y televisión fueron divulgados en forma simultánea durante tres meses cada 15 días. Nos reuníamos en diferentes lugares, en distintos días y horas de la semana, pero nos descubrieron y las reiteradas amenazas nos obligaron a suspender las reuniones.
No obstante, la campaña causó gran impacto y permitió que la opinión conociera las dimensiones del monstruo. La sociedad empezó a darse cuenta de que la violencia no solo era de la guerrilla, que también era del narcotráfico y de los paramilitares, que escalaban la guerra sucia contra la UP, financiados por la droga y apoyados por miembros de la fuerza pública y sectores políticos de extrema derecha.

Fue la época de las peores masacres, de los secuestros de Andrés Pastrana y Álvaro Gómez, de una nueva iniciativa de paz, de esa ofensiva violenta que alcanzó su máxima expresión con el magnicidio de Luis Carlos Galán, del restablecimiento de la extradición por vía administrativa, del narcoterrorismo en las ciudades, del asesinato de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Los periodistas nos debatíamos entre el miedo y la incertidumbre, nunca sabíamos si íbamos a volver vivos a nuestras casas.

La campaña presidencial había sido la más violenta y trágica de la historia. Todo parecía excluir cualquier posibilidad de un acuerdo con los narcotraficantes. Sin embargo, César Gaviria aprovechó la crisis para dar una vuelta de tuerca y retomar el camino de la negociación, imposible tras el asesinato de Galán. Propuso abrir espacios jurídicos con instrumentos diferentes a la amnistía y el indulto para lograr la entrega de los llamados "Extraditables" a cambio de la no extradición.

¿Negociar con las mafias no era claudicar, reconocer que el Estado estaba derrotado? ¿Había otra salida para poner fin al baño de sangre? Como siempre en este oficio, eran más las dudas que las certezas.
Para presionar al Gobierno, los capos, que buscaban tratamiento político y no de delincuentes comunes, acudieron al secuestro de periodistas, Diana Turbay y Francisco Santos entre ellos. En el entretanto, el equipo de Gaviria daba las puntadas finales a la política de sometimiento, y se abría paso la Asamblea Constituyente que en junio del 91 proclamaría la nueva Constitución que prohibía la extradición. Ese mismo día, se entregó Pablo Escobar a la Justicia. Respiramos aliviados. Lejos estábamos de imaginar que un año después registraríamos su fuga, y año y medio más tarde su muerte en un operativo del Bloque de Búsqueda.

La muerte del capo significó el final del narcoterrorismo pero no del narcotráfico y el crimen organizado. El paramilitarismo con su maquinaria criminal surgiría como el nuevo enemigo. Sus jefes acudirían a las formas más infames para acallar a la prensa. Muchos periodistas, sobre todo de los medios regionales, más vulnerables, pagaron con su vida la osadía de denunciar. No obstante, gracias a esas denuncias y sobre todo a las investigaciones periodísticas de algunos medios capitalinos, la opinión empezó a descubrir la dimensión del poder que habían alcanzado los paramilitares en las administraciones locales y regionales, y en el Congreso, donde lograron el 34 por ciento de las curules en la campaña de 2002, todas de la coalición uribista.

Reelegidos la mayoría en 2006, las investigaciones de la llamada parapolítica no solo llevaron a muchos de congresistas aliados del Gobierno a la cárcel, sino que derivaron en el escandaloso espionaje del DAS a opositores, magistrados de la Corte Suprema y periodistas.

El uso de prácticas perversas y de dineros oscuros para conseguir resultados políticos y electorales ya tenía antecedentes: la campaña que llevó a Ernesto Samper a la Presidencia y que derivó en el llamado proceso 8.000. Entonces quedó claro que las mafias habían aprendido que mejor que enfrentar a las instituciones, era infiltrarlas y corromperlas, y que más rentable que asesinar policías, jueces, políticos y periodistas, era comprarlos.

Fue entonces cuando se rompió una constante histórica: el periodismo cortó su cordón umbilical con los políticos. Fue un proceso por etapas: tímido al comienzo, se radicalizó a medida que conocíamos declaraciones, documentos, testimonios, grabaciones e indagatorias que comprometían a congresistas, altos funcionarios y al propio Presidente de la República. Repugnancia y rechazo por la corrupción de la clase
política se respiraba en las salas de redacción.

Los congresistas no ahorraron esfuerzos para imponernos controles y estatutos, precisamente cuando 173 parlamentarios empezaban a ser investigados por recibir plata del narcotráfico. El Gobierno acudió al chantaje para arrodillar a periodistas y medios mediante licitaciones de TV y frecuencias de FM, y con ayuda de sus amigos en el Congreso sacó una ley que cambiaba las reglas del juego y cuyo propósito era castigar a los noticieros que cuestionábamos su gestión. Entonces el DAS también interceptaba teléfonos y hacía seguimientos a los periodistas críticos del Gobierno.

La crisis del 8.000 significó un nuevo debate sobre el papel de los medios. Nos acusaron de haber ignorado las reglas del oficio, de haber servido de correa de transmisión de fuentes interesadas, de no haber investigado suficiente. En resumen, de tomar partido, de hacer parte de la crisis. Ante el vacío y el fraccionamiento de los partidos, ante la usencia de una oposición política organizada, la prensa ocupó parte de ese espacio y sí, tomo posición, y cavó trincheras. Ese fue, paradójicamente, su mayor acierto y su más grave error. Se jugó sus restos, su prestigio, su credibilidad pero no pudo salvarse del diluvio. ¿Pero qué habría pasado, entonces, de no haber sido por ese periodismo que, incluso con sus fallas y excesos, hizo de cancerbero? ¿La opinión habría sabido que el narcotráfico había penetrado hasta las más altas esferas del poder, que innumerables miembros de la clase política habían vendido su alma al diablo? No estoy segura.
La encrucijada más reciente pero no la última fue la que creó el gobierno de Álvaro Uribe. Por esa la ley del péndulo que antes mencioné, el país pasó del desencanto por la paz al entusiasmo por la guerra. Seducidos por el fuerte liderazgo del Presidente, que concentró la información sobre el conflicto en cabeza suya y unificó el mensaje, un único mensaje, la lucha contra el narcoterrorismo de las Farc, la casi totalidad de los medios se contagiaron del clima de unanimismo que reinaba en la opinión.

Una tras otra, las encuestas reflejaban el decidido apoyo al presidente Uribe y, hábilmente manipuladas por el Gobierno, acabaron por incidir en las líneas editoriales y en los titulares de las noticias a la hora de informar sobre las políticas y acciones oficiales. Ese ambiente perversamente acrítico, alimentado por el discurso macartizador del Presidente que asociaba crítica y oposición con subversión, creó un peligroso ambiente de intolerancia y polarización.

Nunca como en los gobiernos de Uribe se había presentado un divorcio tan grande entre la opinión mayoritaria reflejada en las encuestas y la de la mayoría de los columnistas de la prensa escrita. El Presidente logró establecer una conexión directa con la gente y nos ganó de mano en nuestro propio terreno.

Pero habrían de presentarse nubes en el paraíso de la seguridad democrática con las investigaciones periodísticas sobre el fenómeno paramilitar, sus tentáculos en la política, la economía y las instituciones del Estado, y su influencia en la campaña del 2006. Sin embargo, el destape de las cartas de la reelección y la intención del Presidente de modificar la Constitución en beneficio propio, fueron el punto de quiebre: Uribe estaba yendo demasiado lejos. Así se lo hicieron saber desde sus editoriales, diarios que habían apoyado la primera reelección, y buena parte de los columnistas que hasta ese momento lo habían apoyado. Y así lo interpretó la Corte Constitucional que le cerró el paso a la segunda reelección.

Un lección fundamental dejó el "uribato" al periodismo y es que el exceso de concesiones y benevolencia con los gobiernos, da pie para grandes abusos y contribuye a banalizar opiniones periodísticas analíticas y críticas de las políticas y acciones oficiales.

El cubrimiento del nuevo Gobierno nos abre muchos interrogantes y tienen que ver con sus conexiones con los más importantes medios de comunicación. Pero más preocupante aún es el reto que nos plantean las nuevas realidades de los medios, sobre todo de los escritos, antes de gran relevancia para la opinión y hoy con influencia muy debilitada. Y es que la prensa dejó de ser lo que era y no solo por la proliferación de otros canales de comunicación y el avance de nuevas tecnologías, sino porque los viejos periódicos propiedad de una familia han pasado a la historia y hoy forman parte de poderosos conglomerados multimedia dentro de los cuales juegan un papel funcional al grupo.

Pese a que esos grupos tienen gran solvencia económica para resistir chantajes o presiones económicas y políticas, para influir en la agenda pública, para defender el bien común, sus dueños están más interesados en la rentabilidad que en su responsabilidad con los ciudadanos o en la fiscalización del poder, bien porque comparten sus mismos intereses, bien porque persiguen negocios que dependen de él. Esa es la razón, por ejemplo, de la muerte de la revista Cambio, víctima de la segunda conquista española.

Foto revista Semana.